1° CLAVE: LA CREACIÓN DE TRABAJO PRODUCTIVO

Reducir la contribución sobre el trabajo a favor del empleado y de la empresa, premiando la productividad y las horas extras. Liberalizar los contratos de asunción. Instituir el contrato de “Mini Job”, con una duración máxima de hasta 5 años, que prevea un salario neto mensual de € 600 (por 25 horas semanales) sobre lo cual la empresa paga solamente las contribuciones de protección laboral también mediante seguros empresariales privados. El trabajador no paga impuestos sobre el rédito. Al final del contrato de “Mini Job”, natural o anticipado, prever desgravaciones de hasta tres años para las empresas que decidan asumir a los mencionados trabajadores con contratos de tipo tradicional. El “Mini Job” resultaría fundamental para transmitir los conocimientos de los senior de las PMI (Pequeñas Medianas Empresas) a las nuevas generaciones, para favorecer el lanzamiento de nuevas empresas, para incentivar las inversiones extranjeras y reabsorber el desempleo juvenil y femenino, como asimismo de los extranjeros en regla pero sin trabajo. El “Mini Job” sería así la nueva formulación del aprendizaje juvenil y un importante vehículo de regularización del trabajo sumergido.

2° CLAVE: LA REVOLUCIÓN FISCAL

Calcular el rédito imponible sobre las personas físicas, descontando todos los recibos fiscales de los bienes y de los servicios adquiridos, utilizando los sistemas de pago electrónicos. De esta manera el caudal de la imposición tributaria directa debería descender sensiblemente, pero la emersión/regularización del rédito sumergido haría subir la imposición tributaria indirecta sobre los intercambios y sobre los consumos, sin variación de las alícuotas I.V.A. Reducir un tercio del Impuesto sobre los Réditos empresariales y anular progresivamente el I.R.A.P. (Impuesto Regional Actividades Productivas) para permitir el relanzamiento de las inversiones. Una vez completada esta revolución, la presión fiscal global debería descender del actual 45% al 33% del producto interior bruto.

3° CLAVE: LA OPERACIÓN EXTRAORDINARIA PARA CANCELAR EL DÉBITO PÚBLICO

Privatizar 400 MM de € de patrimonio del Estado y de las E.E.L.L. (Instituciones Locales), a través de la Caja Depósitos y Préstamos. La privatización involucra cuotas de dos diferentes categorías de actividades patrimoniales públicas: el patrimonio inmobiliario de la finanza pública ampliada (estimado en 2011 en aproximadamente dos mil MM de € por la Comisión Reviglio Junior bajo encargo del Ministerio de Finanzas) y las participaciones accionarias y financieras del Estado (evaluadas en 266.4 MM de € en la Cuenta general del Patrimonio del Balance definitivo del Estado 2012). La contracción extraordinaria de la deuda pública reduciría en más de un tercio – para más de 30 MM de € al año – los intereses pasivos sobre la deuda soberana, contribuyendo a la reducción del gasto público corriente. La emersión del PIB (Producto Interior Bruto) sumergido – generada por la revolución fiscal combinada con el abatimiento del valor absoluto de la deuda soberana – produciría una contracción de la relación Deuda-PIB de alrededor del 80%, muy por debajo de aquella que hoy es la media ponderada de la zona Euro en su totalidad (aproximadamente el 90%), influenciando así virtuosamente toda la deuda nacional y el juicio de los mercados financieros internacionales sobre nuestro País.

4° CLAVE: LA LUCHA SIN CUARTEL A LOS DERROCHES DEL GASTO PÚBLICO IMPRODUCTIVO

Reducir del 1% anual todos los gastos de las administraciones públicas centrales y locales a través de: 1- el bloqueo del turn-over (al 75%) de los empleados públicos; 2- la transformación del método de cálculo del ticket; 3- la limitación de las transferencias financieras públicas a Ferrovías, Anas (Empresa Nacional Autónoma de las Carreteras) y Correos, contemporáneamente con su privatización a través de licitaciones europeas; 4- la reducción de los 5 mil ítems de transferencias corrientes y contribuciones a las inversiones de las empresas hoy presentes en el balance anual del Estado y superiores a los 25 MM €; 5- la cancelación de más de 5 MM de € de pagos a cargo de la finanza pública italiana que se efectúan anualmente a favor de los Países del U.E. (Unión Europea) que se ocupan de la eliminación de los residuos italianos. De esta manera se liberarían ulteriores recursos públicos para inversiones productivas.